Fotografía tomada del sitio http://reconoci.do/

La indocumentación de la población dominicana de ascendencia haitiana, cristaliza varias de las fallas del Estado Dominicano en materia de derecho a un nombre y a una nacionalidad. 

Desde hace más de cinco años, en los que varias organizaciones y personas han estado argumentando y luchando por la causa justa de proveer de la documentación que les corresponde a estos/as ciudadanos/as, vemos un Estado que:

Violenta su Constitución. Las personas afectadas por la Resolución no. 12 -en la que se les niega una copia de su documentación, ya sea acta de nacimiento o cédula de identidad y electoral-nacieron en territorio dominicano y fueron reconocidos/as como tales, según el artículo 11 de la Constitución dominicana vigente hasta el 26 de enero 2011.

En la referida Constitución se establecía que era dominicano/a toda aquella persona que naciera en territorio nacional. A la luz de  ese artículo les fueron entregadas sus actas de nacimiento y posteriormente su cédula de identidad y electoral. Con la Circular no. 17 (C17), y posteriormente la Resolución no. 12 (R12), la JCE desconoce lo que dice la Carta Magna y vulnera así la seguridad jurídica de sus ciudadanos/as.

Violenta las sentencias de sus tribunales. Jueces de tribunales de primera instancia de Monte Plata, San Pedro de Macorís e Higüey ordenaron a la JCE entregar las copias de sus documentos a personas que recurrieron a los mismos en acción de amparo.

Uno de los casos más emblemáticos fue el mandato del tribunal de primera instancia del Seibo, que en junio del 2012, ordenó la entrega de actas a más de 100 personas. Antes de este fallo, varios jueces de diferentes provincias habían fallado a favor de nueve casos llevados de manera individual. Según artículo publicado en RECONOCI.DO, en el caso de Milcíades Yan, la JCE al perder en primera instancia, solicitó a la Suprema Corte de Justicia un recurso de casación, “es decir, solicitó fuera revisada y aprobada o no la sentencia de la jueza de primera instancia de Monte Plata”. Meses después, la SCJ rechazó la solicitud de suspensión de la sentencia que favorecía a Milcíades.  Con este rechazo la SCJ ratificó la sentencia, lo que implicaba una entrega inmediata de las copias de sus documentos.

A pesar de que los tribunales y la SCJ habían dado un mandato claro, en el hecho la JCE mantuvo y mantiene la irregularidad en la entrega. Las personas cuyos casos han sido fallados siguen teniendo dificultades para conseguir sus documentos. Así mismos las sentencias en los tribunales no han servido de precedente para otros casos de personas afectadas, todo lo contrario, pareciera que con cada sentencia ganada, con cada aparición pública, cada debate sobre  el tema, las negaciones aumentaran y la situación de las personas afectadas se agrava.

En noviembre del 2011 la situación pareció mejorar, pero fue un espejismo. Para entonces la JCE emitió la Circular no. 32 (C32), en la que indicaba a los/as oficiales civiles la entrega de copias de de sus documentos a personas cuyos casos estaban siendo investigados.  A pesar de ello las irregularidades continuaron, en Oficialías como la de Monte Plata, la entrega de una copia de documentos era imposible.  La C32 solo fue aplicada, en los lugares que la ejecutaron, a la entrega de actas, casos muy aislados consiguieron su cédula de identidad y electoral.

Violenta organismos internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido escenario de amplios debates sobre la situación de dominicanos/as de ascendencia haitiana. Con la Audiencia temática llevada a cabo el 12 de marzo del 2013, en la sede de la Corte, son tres las audiencias que se han tenido este tema.

En las audiencias temáticas la Corte Interamericana ha mostrado su preocupación por la forma en que se van suspendiendo documentos y vulnerando la vida de las personas afectadas. La preocupación es tal, que en menos de un año, la CIDH ha llevado a cabo dos audiencias temáticas sobre esta situación. Las audiencias no son vinculantes, no emiten ningún mandato a República Dominicana, solo da sugerencias sobre el tema. Es un escenario de diálogo entre organizaciones y/o personas particulares y el Estado.

La JCE tampoco ha escuchado, ni puesto en práctica la sentencia íntegra emitida por la CIDH en el 2005 sobre el caso de las niñas Jean y Bosico, que presentaban la misma situación. Esta sentencia ordenó al Estado Dominicano, entre otras cosas, la entrega de las actas de las niñas, una disculpa pública por los daños y perjuicios encaminados y flexibilizar los requisitos de registro civil.  De los mencionados, solo la entrega de las actas se ha cumplió. La sentencia en vez de ser acatada por el estado fue burlada, la actuación arbitraria y las  trabas en el registro civil fueron mayores. .

La limitación de escucha y la poco tolerancia al diálogo del Estado Dominico se manifestó claramente en la última audiencia temática, cuando su representante, solicitó a la Corte no aceptar otra solicitud con este tema. ¿No le basta a las autoridades suspender temporalmente la vida de estas personas para ahora querer también hacer callar a los/as pocas que tienen la posibilidad de exponer su situación públicamente?

¿Hablar de derechos? Muchas han sido las ponencias de analistas, periodistas y juristas sobre los derechos que violenta, algunos tan vitales como a un nombre y una identidad, a la educación, a trabajar, a ser parte del régimen de seguridad social, etc. Las sentencias de los tribunales se han sentado en una visión de derechos para fallar a favor de las personas que recurrieron al recurso.

Pero el lenguaje de los tribunales, la CIDH y de las organizaciones, no está ni ha estado en sintonía con el de la JCE. A lo largo de los años, esta entidad ha mantenido una visión política del tema, centrada en seguridad nacional y con una base discriminatoria claramente identificada. ¿Cómo llegar a un acuerdo cuando la forma y el fondo son tan distintos?

Una JCE violentándose a sí misma. Con la disposición de enviar los casos a la Dirección General de Migración, a inicio de marzo, la JCE marca abiertamente la visión política que tiene de la situación. No la ve como una cuestión de derechos  de sus nacionales, a quienes ella misma reconoció hace 20 o 30 años, todo lo contrario, con esta acción los termina de desconocer y de sacarlos de la entidad que trabaja el tema del registro de dominicanos/as.

La dimensión política del tema no puede seguir siendo sostenida por la JCE, enviar los caso a la DGM implica poner el tema en la cancha de un grupo que no tendrá ninguna piedad para aplicarla. Todo lo contrario, con gusto la saca del campo del juego, sin contemplar los derechos, las historias, los afectos de la población que está en esa situación.  No es solo una cuestión de atribuir funciones que serían de la JCE o de los tribunales, es darle la potestad para hacer lo que desde las corrientes conservadoras han armado.

El hecho de que la DGM la aceptara, muestra que estas acciones responden a una política de Estado que la JCE ha institucionalizado y para lo cual ha tenido soporte de nacionalistas.

Si tomamos esta situación para analizar el Estado Dominicano en materia de derechos y de respeto a los procedimientos y las valoraciones serían de 1 a 5, siendo 5 el mejor,  sin temor a equivocarme lo valoraría con 0, fuera de la medición.

Voluntad Política ¿dónde? Las acciones y no acciones de los diferentes gobiernos han enviado señales claves de que no hay voluntad política para resolver la situación. La voluntad del Estado Dominicano se ha manifestado claramente con intereses que distan de lo que la población afectada busca.

En un país presidencialista como el nuestro, una pista de por dónde van los intereses del gobierno son los pronunciamientos presidenciales.  Este tema no ha sido colocado en ningún discurso y han sido muy limitadas las declaraciones de los diversos presidentes sobre este tema. Claro, este tema no le suma adeptos como intimar en discursos a la Barrick Gold y menos si es un tema sensible para alianzas estratégicas. Hacer que el Presidente se pronuncie y que lo haga a favor, debe ser colocado como un objetivo estratégico por las organizaciones que encabezan la lucha.

Esta situación demanda mayor creatividad por parte de los grupos y las personas afectadas. Fortalecer un movimiento social, que abarque diferentes actores, que sea capaz de movilizar a personas que estén o no afectadas, que sientan empatía con la situación, es el reto mayor de los grupos que impulsan el tema. Se hace necesaria la construcción de imaginarios positivos con la lucha, con la causa, con la población afectada.

Se trata pues de violencia tras violencia, de una JCE negada a sí misma, una DGM ansiosa por llevar estos casos por senderos que se riñen con toda lógica de derechos y humanidad y el Ejecutivo sin voluntad política para confrontar tan grave problema social.

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4 comentarios sobre “

  1. MI QUERIDA AMIGA,ESTO ES LO DE NUNCA TERMINARSE, NO PORQUE NO QUIERAN SINO ,PORQUE NO LE INTERESA,NO EXISTE VOLUNTAD ALGUNA. EN MOMENTO HE LLEGADO A PENSAR QUE LA SENTENCIA DEL CASO DE LAS HERMANAS JEAN Y BOSICO NO LE IMPORTA PARA NADA Y QUE SIGAN PASANDO CASO COMO ESTE TAMPOCO IMPORTA. QUE PENA CON QUERER HACER LAS COSA A SU MANERA Y OLVIDAR QUE LA CARTA MAGNA EXISTE CON TODO SUS ARTICULOS . AMEN VEREMOS HASTA DONDE LLEGAREMOS

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