Migración: un tema gelatinoso en República Dominicana

CuartoscuroRepública Dominicana ha carecido de una política migratoria coherente y encaminada hacia la garantía de derechos de la persona que decide salir o entrar al país.   Podemos considerar varios aspectos de  esta incoherencia e inconsistencia los cuales mostraremos sucintamente para dar algunas pistas.

Dejadez en las  legislaciones migratorias. Hasta el 2004, la ley que regía las acciones migratorias databa del  1939.  La implementación de la ley 285-04 el marco legal existente no había tenido revisiones profundas y mucho menos se adecuaba al contexto migratorio nacional e internacional, a los cambios en el volumen de entradas y de salidas, a las características de los migrantes que  llegaban al país, etc.    Una vez aprobada la ley 285-04 se debió haber elaborado su reglamento de aplicación, según lo que la misma contempla, en un plazo no mayor de 180 días. Sin embargo, el reglamento número 631 fue promulgado en octubre del 2011,  seis años después.   Durante estos años el modus operandí en el tema migratoria estaba basado en el reglamento anterior y en las disposiciones,  cambiantes y arbitrarias, de los directores de migración que han ocupado la cartera en estos años.

El reglamento 631-11 era necesario para que la ley se aplicara con procedimientos claros, había sido una demanda de organizaciones que trabajan con el tema. Sin embargo, este reglamento tiene elementos de mucha preocupación y como decíamos al inicio, no inclinado a que la gente tenga garantía de derechos. Una mujer migrante llega a un hospital a dar a luz, por citar un ejemplo, y la dirección del hospital debe informar inmediatamente a las autoridades migratorias de la misma. Si la dirección del hospital no cumple con ello, puede ser sancionada o perseguida, según establece el artículo 37 del referido reglamento.

Esta situación puede tener consecuencias funestas para la madre y el bebé, ya que correr el riesgo de que en los hospitales no la reciban (para no tener que hacer las gestiones establecidas o evitarse la sanción) o que las mujeres mismas no quieran dar a luz en los hospitales por temor a persecución o repatriación. Ambas posibilidades son un riesgo para la vida de la madre y su bebé, pues el proceso de parto se puede poner en manos de una persona inexperta.  Peor aún, en el reglamento no se establecen pautas claras para el debido proceso con migrantes indocumentados que se repatrían. Si seguimos el ejemplo anterior, la madre indocumentada puede dar a luz y las autoridades decidir repatriarla. Además del riesgo para la salud, también tiene que pasar por arbitrariedades, que muchas veces implican humillación, maltrato, separación familiar, no reconocimiento de la nacionalidad de su hijo/a, etc.

El arrastre de la irresponsabilidad histórica del Estado Dominicano en esta materia ha tenido consecuencias nefastas que van desde una movilidad migratoria en base a acciones corruptas, inhumanas, hasta el no reconocimiento de sus hijos/as como dominicanos/as. En este tema la incoherencia legislativa y política se profundiza, cuando se le niegan actas de nacimiento a persona que la Constitución Dominicana avalaba como nacionales de este país y que el mismo Estado, al momento de nacer, les otorgó actas de nacimiento.

En el sistema legislativo dominicano hay muchas preguntas pendientes ¿Qué hacer con la ley de Trata y Tráfico de personas que no se respeta? ¿Qué hacer con la participación de militares en las redes de tráfico (tanto para entrar como salir de RD) violentando la ley y sin ser sometidos a la justicia? ¿Cuál será el enfoque de la gestión fronteriza, seguimos con el militarismo? ¿Cómo salvar las vidas de la gente que se van en yola?

Otro aspecto de este “gelatineo” es la instrumentalización de la migración. El emigrante que va a América del Norte o Europa es bueno/as para enviar remesas y así poder atribuirse la estabilización de la economía y quien entra, especialmente si viene desde Haití, para ser una mano de obra barata, que deje beneficios a los gran empresariado.   “Entran los migrantes que necesita el país” así está establecido en el ley de migración y en la Estrategia Nacional de Desarrollo. La visión de quien migra no como ser humano, sino como máquina.  Cada país tiene la soberanía de establecer sus parámetros, siempre y cuando vea como sujeto a la población que entra y sale de un determinado territorio y que la misma no se haga, como en el caso nuestro, en función de las necesidades del empresariado y del gobierno, sin tomar en cuenta la necesidad del migrante, sus aspiraciones y motivaciones de migrar. La persona migrante  no recibe lo que necesita: un pago justo, posibilidades de regular su situación migratoria o hasta la posibilidad de retornar a RD o a su país de origen.

Una de las características más preocupantes es que el Estado se ha desentendido del tema.  En el caso de la emigración dominicana no se ha  incentivado el retorno o la inversión en su comunidad con una mirada solidaria.  Cada día se promueve más la salida para garantizar los puestos consulares a los partidos aliados, puestos congresuales de ultramar y claro está, mantener las remesas como apoyo es clave al Producto Interno Bruto.

Desentenderse no es sólo abordar el tema en los discursos o que las legislaciones tarden mucho para ser revisadas y puestas en ejecución, es también en la complicidad y no acción. Los viajes en yola son el mejor ejemplo de ello. Son conocidos los principales lugares desde dónde salen las embarcaciones, la implicación de militares en las redes de contratación y permisividad para la salida de las yolas e incluso horarios y posibles días y todavía se siguen perdiendo vidas! Es más importante lucrase con el negocio y con los beneficios que él genera, que salvaguardar la vida de la gente, que desde ya está desprotegida por las deficiencias estatales en no asegurarle ni siquiera los mínimos en salud, educación, empleo, para vivir dignamente en el país.

La situación se agrava cuando se habla de inmigración:

  1. El Estado se ha centrado en una visión legal de la migración, bajo la idea de control no de gestión migratoria. El establecimiento de un marco legal es importante, pero no suficiente. La gestión migratoria implica tener personas capacitadas para ello, que conozcan de derechos, que vean al migrante como ser humano.  Implica un proceso de integración de la persona inmigrante en el quehacer sociopolítico y económico del país; trabajar con la población receptora en la promoción, el respeto y la participación de quien llega a su comunidad, no como amenaza, sino como enriquecimiento y construcción mutua.  Se requiere una política migratoria que integre y trabaje el tema desde sus diversas dimensiones y matices, no focaliza en un grupo por ser mayoría.
  1. Se ha dejado el debate  y la gestión institucional en manos de aliados históricamente reconocidos por sus ideas nacionalistas, que promueven el rechazo y el otro/a como amenazante, sobre todo si es haitiano. Estos grupos se han convertido en los diseñadores y ejecutores de las acciones que controlan la migración, con gobiernos permisivos que no han sido capaces de asumir la temática. Mientras tanto los imaginarios de rechazo se profundizan, las trabas son mayores y la discriminación se institucionaliza. Estos sectores lograron introducir cambios en la constitución para condenar los dominicanos de ascendencia haitiana a ser apátrida, mediante a empujar un carácter retrospectivo de la Constitución incoherente.

El tema migratorio no ha sido tratado en el debate electoral, ni en los discursos de los diferentes presidentes, ni de los/as aspirantes a la misma. Se hace referencia a ello para resaltar el peso de las remesas para el PIB, pero no para el anuncio de programas o acciones a favor de la población que viene y se va.  Ha sido un vacío histórico y eso en un país presidencialista tiene un peso simbólico fuerte, no se ve importante, no se contempla en la agenda.

Tenemos que hablar de migración sin miedo, intentando en un primer momento, comprender a profundidad el fenómeno y no etiquetarlo de entrada como problema y carga para el país. Esta es una responsabilidad del Estado, que exige acciones concretas, sólidas y no dejarlo en estado indefinido, cual gelatina amorfa.

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